Se avecina una catástrofe social en muchas zonas rurales del país, el gobierno opta por fumigar y no por aplicar la sustitución de cultivos prevista en el Acuerdo de Paz de 2016, escribió el senador por el Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda en su cuenta en Twitter.
En la propia red social, la legisladora por el partido Comunes Sandra Ramírez calificó el hecho de vergonzoso y preguntó al ejecutivo si no le da pena informar que la acción va a ser controlada, cuando en 2015 el entonces viceministro de Salud y actual titular Fruiz Gomez sostuvo que el glifosato produce cáncer.
La miembro del otrora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común señaló por otra parte que el Estado colombiano gastó entre 2005 y 2014 más de 80 billones de pesos (cerca de 22 mil millones de dólares) en fumigaciones sin tener resultados.
Para acabar con los cultivos de uso ilícito la mejor salida es la sustitución voluntaria con garantías reales para el campesinado, sentenció Ramírez.
Duque sabe que el glifosato no acaba el narcotráfico, después de la aspersión viene la deforestación y la resiembra; pero sí es un gran negocio para los vendedores del herbicida y contratistas que fumigan, criticó el escritor, periodista y también congresista Gustavo Bolívar.
El mandatario nacional firmó la víspera el decreto que regula los pasos para retomar las aspersiones aéreas, restringidas por razones de salud pública en 2015, tras pronunciamientos de la Corte Constitucional y dictamen del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Otras figuras colombianas coincidieron en que no hay voluntad política para implementar realmente el pacto de Paz y Duque sigue atentando contra los habitantes de 104 municipios, en desacato de los fallos emitidos por la justicia.
Voceros del gobierno argumentan que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos ilícitos, aún cuando diferentes analistas valoran el componte ético a partir de trastornos comprobados en la piel y abortos.
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