El presidente Jovenel Moïse dijo en su cuenta en la red social Twitter, que aceptó la renuncia y los cambios permitirán abordar el flagrante problema de la inseguridad, así como proseguir las conversaciones para alcanzar el consenso necesario que permita la estabilidad política e institucional del país.
Los cambios ocurren cuando Haití experimenta un agudo clima de inseguridad con la multiplicación de secuestros y asesinatos especialmente en la capital.
Jouthe incluso calificó de ‘domingo negro’ la jornada en la cual secuestraron al menos 12 personas en Puerto Príncipe y sus alrededores. Entre las víctimas figuran siete religiosos, dos de ellos de nacionalidad francesa, lo que llevó a la Fiscalía de Paris a abrir una investigación, mientras la cancillería del país galo anunció que activó su unidad de crisis.
A esto se suman los recientes fracasos de la Policía, de la cual Jouthe fungía como jefe máximo al presidir el Consejo Nacional.
El lunes pasado se cumplió un mes de la fallida operación que costó la vida a cuatro agentes en el barrio de Village de Dieu, mientras los cuerpos de los oficiales permanecen en manos de las bandas armadas.
También las recientes incursiones de la facción policial Fantom 509, cuyas jornadas de protestas están matizadas por la violencia, y en las últimas manifestaciones irrumpieron en varias comisarías y liberaron a sus hermanos de armas.
Se añade, igualmente, la negativa a diálogo de los principales sectores de la oposición, que rechazaron la mediación de la organización ecuménica Religiones por la Paz, e insisten en que el mandato constitucional de Moïse expiró el 7 de febrero último.
Para estas fuerzas, la única negociación posible es la salida de Moïse del Palacio Nacional, y la instauración del un gobierno transitorio de dos años, una postura criticada por importantes voces del país, como el ex primer ministro Evans Paul, quien señaló que un demócrata debe estar dispuesto siempre a dialogar.
Y en medio del complejo escenario el Ejecutivo promueve un referendo constitucional para modificar la carta magna vigente, la cual señala es fuente de inestabilidad política, al tiempo que organiza elecciones generales programadas para septiembre próximo, dos proyectos que reciben numerosas críticas de diversos sectores.
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