El documento de la Procuraduría General del Estado, enviado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo mundial, explica que la represión del gobierno de facto causó 37 muertos, 119 heridos y 270 detenidos.
La declaración revela que durante la administración de la presidenta de facto Jeanine Áñez ocurrieron ‘graves vulneraciones a los derechos humanos mediante la represión a través de operaciones conjuntas entre policías y militares.
Aclara también que aquel Ejecutivo quiso dejar impunes los crímenes mediante recursos como el Decreto 4078 del 14 de noviembre de 2019, ‘pero el gobierno del presidente Luis Arce trabaja en la reparación de los daños contra las víctimas’.
La Procuraduría agrega que en el actual gobierno ‘los servidores públicos sirven a la población y no se sirven de ella’, por lo que esa instancia ‘tiene todas sus actuaciones transparentadas y listas para cualquier fiscalización’.
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