El jueves, la Cámara de Diputados aprobó un tercer retiro del 10 por ciento de los ahorros depositados en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en lo que analistas calificaron como una paliza para La Moneda.
Para salir adelante, el proyecto debía obtener 92 votos, y tras una larga y tensa jornada, alcanzó 120 –incluidos numerosos diputados oficialistas, 18 en contra y dos abstenciones.
Esto constituye un importante paso, pero aun resta que sea votado por el Senado, lo que se prevé ocurra el martes, y sobre todo que el Gobierno no lo impugne ante el Tribunal Constitucional, tal como ha amenazado reiteradamente.
Ahí radica la incertidumbre, pues el viernes el presidente Sebastián Piñera reiteró que recurrirá a esa instancia alegando que ‘vamos a defender el respeto a la Constitución porque es esencial en un estado de Derecho’.
Asimismo defendió que las más recientes propuestas de su gobierno en materia de ayuda a la población ‘tienen una cobertura que es casi el doble’ de la que permite el tercer retiro de fondos de las AFP, opinión que no comparte la mayoría de los parlamentarios.
Para estos, su apuesta permitiría a millones de chilenos sacar el 10 por ciento de sus ahorros de jubilación, para poder hacer frente con su dinero a la difícil situación que viven.
Los legisladores admiten que esa es una mala solución pero la única posible cuando el Ejecutivo se niega a aprobar una renta básica de emergencia que llegaría a todos los necesitados y solo aporta ayudas insuficientes y que dejan fuera a millones que no reúnen los requisitos exigidos para poder acceder a ellas.
Analistas advierten que lo ocurrido el jueves coloca a Piñera en una situación difícil, al mermar el respaldo de una parte considerable de sus legisladores, y porque la medida es apoyada por la mayoría de la población, que con cacerolazos anunció su rechazo a cualquier traba de La Moneda.
Pero eso no es todo, pues el miércoles otro proyecto legislativo que prevé un impuesto a los más ricos de Chile, dio un nuevo paso de avance al ser aprobado la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
La iniciativa impulsada por la oposición e igualmente rechazada de plano por el gobierno prevé establecer un gravamen, por una sola vez, del 2,5 por ciento al patrimonio neto de las fortunas personales que sobrepasan los 22 millones de dólares, y entre las que aparece la del propio Piñera.
Con ello sus promotores prevén que el Estado podría recaudar más de seis mil millones de dólares, para brindar una sustancial ayuda durante varios meses a miles de familias golpeadas por una crisis en la cual, paradójicamente, los más ricos han aumentado sus fortunas.
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