La entidad confirmó que la decisión fue tomada tras la asamblea general de jueces del Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, y las discusiones entre las máximas autoridades y representantes de asociaciones de magistrados.
Los jueces iniciaron el movimiento el 14 de febrero tras los decretos emitidos por el presidente Jovenel Moïse para jubilar forzosamente a tres magistrados supremos y sustituirlos sin que mediara la Asamblea Nacional (parlamento), disfuncional desde enero de 2020, o la principal corte del país.
También exigían la restitución a su puesto del secretario, Christophe Lespérance, quien participó en una audiencia de habeas corpus a favor del juez Yvickel Dabresil, acusado por el Gobierno de intentona golpista.
Según se conoció este lunes Lespérance fue reinstalado en sus funciones aunque trasladado a un juzgado laboral, sin embargo, por el momento el Ejecutivo no dio marcha atrás a los decretos.
En un mensaje en sus redes sociales, el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, celebró la decisión de los jueces y señaló que el paro alimentó la detención preventiva prolongada contra la cual lucha el Gobierno, y aumentó la delincuencia.
El Ministerio espera que en el futuro, los magistrados estén más preocupados por sus obligaciones legales y su juramento y el CSPJ también debe ser más diligente con respecto a la disciplina de los jueces, en beneficio de los litigantes, escribió el funcionario en Twitter.
A inicios de este mes, Naciones Unidas alertó que la prisión preventiva prolongada creció un nueve por ciento en los últimos nueve meses, y actualmente afecta al 85 por ciento de la población carcelaria.
La huelga paralizó el sistema judicial, ya afectado por las crisis sociopolítica y sanitaria, además de la inseguridad y los repetidos paros en el sector.
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