La Fiscalía de Derechos Humanos presentó un recurso de ampliación en el que pidió se dispusiera una tobillera electrónica al extraditado coronel retirado Eduardo Ferro y prohibición de acercarse a sus víctimas, que la cuestionada instancia jurídica rechazó.
En cambio, antes dio curso a la petición de la defensa del exrepresor pese a las advertencias de peligro de fuga, como hizo en 2017 cuando escapó a España después de evadir varias veces citaciones a comparecer ante la justicia.
Para el fiscal especial de delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, existen suficientes testigos y pruebas para imputar a Ferro por el homicidio bajo torturas del comunista Óscar Tassino en 1977 y otras violaciones y desapariciones de prisioneros durante la dictadura.
La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, declaró al periódico La Diaria que ‘a este tribunal no le vas a encontrar una sentencia que haga caudal de la normativa internacional sobre delitos de Lesa Humanidad’.
Citó como ejemplo la causa por homicidio del detenido Vladimir Roslik en 1984 en el Batallón de Infantería Nueve que archivó en 1987 y a la solicitud de sus familiares para reabrirla en 2014 con nuevos elementos acusatorios respondió que era cosa juzgada y dejó sin castigo al militar responsable.
También recordó su negativa a la reapertura de la causa por el asesinato en un centro de reclusión castrense del joven combatiente tupamaro Roberto Gomensoro, cuyo cuerpo fue arrojado a un río, y el secuestro y desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
La asociación uruguaya Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desparecidos reprobó en una declaración la más reciente decisión del Tribunal de Apelaciones y advirtió sobre otra eventual fuga del exrepresor.
Por su parte, el colectivo de expresos políticos Crysol señaló que al liberar a Ferro, quien se encontraba en prisión cautelar, la criticada Corte volvió a entorpecer el avance de la causa de la verdad y la justicia.
jf/hr
