Un proyecto oficialista con ese fin presentado el año pasado se detuvo un buen tiempo por la inexistencia de acuerdos para promoverlo, dentro de la propia coalición de partidos de gobierno y de la fuerza política opositora.
Pero semanas atrás la Cámara de Representantes lo adoptó seguido del reciente visto bueno mayoritario de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Parlamentarios del Partido Nacional explicaron que con el nuevo texto elaborado se penará entre tres y 24 meses de prisión a quien ponga en peligro la salud ‘sin la necesidad de comprobar que la persona contagió’ a otra. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo que esa modificación constitucional confirmó el fracaso de ‘la libertad responsable’ ante la pandemia enarbolada por el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou.
Sostuvo que es una medida aislada que genera riesgo de criminalización y los problemas de salud no se resuelven con delitos penales ni es el camino correcto para contener la propagación de la Covid-19.
Carrera puntualizó que ‘jurídicamente es de difícil persecución y prueba, y ante una situación sanitaria compleja, hay que tomar medidas de limitación de la movilidad social acompañadas de apoyo social a los más vulnerables, provenientes del Poder Ejecutivo’.
Añadió que ‘este delito incluso puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar’.
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