La mini Cumbre de la Cirgl en esta capital fue convocada por Jefe de Estado angoleño, João Lourenço, en su condición de presidente pro tempore del bloque, compuesto por República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Burundi, Angola, RCA, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia, Kenya y República del Congo.
Según el anuncio, al encuentro asistirán los mandatarios de la RCA, Faustin Touaderá; de Ruanda, Paul Kagame, y del Congo, Dennis Sassou-Nguesso.
También el titular del Consejo Soberano de Transición de la República de Sudán, Abdul Fatah al-Burhan, así como delegaciones de alto nivel de Chad, Camerún y la RDC.
La cita dará continuidad a las deliberaciones sostenidas en Luanda el pasado 28 de enero durante la primera mini Cumbre sobre la situación política y de seguridad en suelo centroafricano.
A finales de febrero pasado, el secretario general adjunto de operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean-Pierre Lacroix, consideró la existencia de ‘avances notables’ en la RCA, pero alertó que el país continuaba ‘plagado de violencia y volatilidad’.
En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el funcionario mencionó entre las cuestiones preocupantes el aumento de los secuestros y asesinatos de civiles, los ataques contra trabajadores humanitarios, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual relacionada con los conflictos.
El conflicto político-militar en la RCA amenaza a otros estados del área, debido al flujo transfronterizo de combatientes, armas y recursos naturales, dijo Angola en febrero de este año, tras las pláticas en Luanda entre Lourenço y la canciller de la RCA, Baipo Temom Sylvie.
De acuerdo con la ministra, los grupos armados operan internamente y desde naciones vecinas, lo cual denota la dimensión del conflicto y, por tanto, no debe preocupar solo a su país, sino a toda la región.
Territorios centroafricanos sufren el embate de choques armados entre el Ejército nacional y grupos rebeldes aglutinados en la denominada Coalición de Patriotas por el Cambio, cuyo financiamiento ilícito incluye dineros provenientes de explotaciones mineras.
En cambio, las autoridades legales tienen dificultades en asumir su misión legítima de seguridad y protección civil, debido a las obligaciones con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, tomadas de acuerdo con la Resolución 2536 (2020) sobre el embargo de armas impuesto a la RCA, juzgó la Cirgl.
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