Es una reforma de trascendencia histórica, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos ocho millones de trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos al año (25 mil millones de dólares), expuso el presidente de la Comisión, senador Napoleón Gómez Urrutia.
Con 118 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Cámara Alta aprobó, sin cambios, la minuta de la Cámara de Diputados, según la cual los patronos que tengan subcontratado a personal que realice labores sustanciales tendrán un plazo de tres meses para regularizar la situación.
Quienes insistan en el ilegal ‘outsourcing’ incurrirán en defraudación fiscal, delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa.
Esas empresas deberán, en ese lapso de 90 días, dar de alta en su nómina central al personal subcontratado, y en el Seguro Social con salarios reales y pagarles todas las prestaciones de ley, incluido el reparto de utilidades.
Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso a su vez el coordinador del partido oficialista Morena, Ricardo Monreal, mientras su compañero de bancada Martí Batres resaltó que la modificación a ocho ordenamientos forma parte de las reivindicaciones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para los trabajadores.
Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará con esquemas de avaricia, nomineros, factureros, ladrones, del esfuerzo de los trabajadores y advirtió que con el ‘outsourcing’ se defraudó al Instituto Mexicano del Seguro Social con miles de millones de pesos al año.
El senador Napoleón Gómez Urrutia, un abanderado contra la subcontratación, festejó esa reforma, que luego de dos años de lucha, de enfrentar campañas en contra desde afuera, y a veces hasta de adentro, para tratar de frenar la regulación de esa forma de empleo, finalmente se aprobó.
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