Según argumentó el líder de esa formación política y senador, Guido Manini, ‘no se quiere dar un cheque en blanco que permita al Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no’.
En 2020 la Cámara de Representantes aprobó con la mayoría de las bancadas oficialistas una reinterpretación del artículo 224 del Código Penal para reprimir hasta con dos años de prisión a incumplidores de prevenciones de contagios de la Covid-19 que se consideren amenacen la salud pública.
Semanas atrás la Comisión de Constitución y Legislación del Senado adoptó un dictamen favorable, con los votos en contra del Frente Amplio, que considera inapropiada la vía de castigos para encarar la pandemia, ante la cual se requiere estrategias integrales.
Además de la fuerza política opositora, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, sostuvo que es ‘un error inventar un delito en estas circunstancias y para este momento’.
A punto de descontarse su adopción en el plenario senatorial, Manini adelantó a la prensa que introducirá modificaciones al proyecto que den garantías ciudadanas y determinen cuáles son las situaciones en las que se configura el delito de peligro.
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