Los tres poderes de este país, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, violentan los derechos del pueblo indígena, afirmó Sibar en un artículo, a propósito del Día de la Persona Indígena Costarricense, conmemorado cada 19 de abril.
‘Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas -asesinado el 18 de marzo de 2019 y cuyo crimen sigue impune- y es una lucha muy desigual, totalmente desigual’, aseguró.
Recordó que los pueblos indígenas han sido reconocidos con derechos desde 1939, así como cuentan con jurisprudencia venida a menos para tomar decisiones sobre las comunidades originarias.
También, prosiguió, en 1977 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Indígena; pero cuando el Poder Ejecutivo hizo el decreto de la ley, introdujo las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.
Señaló que los pueblos indígenas de Costa Rica han vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años, hacia los finqueros, los terratenientes y ningún costarricense hace nada para evitar que sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.
Sobre el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, Sibar subrayó que para él ‘todos los costarricenses son culpables, todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando’.
No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras, indicó en referencia al indígena brörán Jerhy Rivera, ultimado el 24 de febrero de 2020, crimen también aún impune, aunque esta semana el Poder Judicial acusó a un hombre de apellidos Varela Rojas, como presunto responsable de ese homicidio.
Sibar refirió que no los han seguido asesinando porque han parado las recuperaciones; porque -aseveró- en el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo.
Coincidiendo con la denuncia de este líder indígena brörán, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reiteró su preocupación por la violencia reciente contra indígenas en los territorios de China Kichá, Térraba, Salitre y Cabagra, y sostuvo que corresponde al Estado tico adoptar las medidas para proteger a esas personas y comunidades amenazadas.
Con motivo de la efemérides mencionada, la ONU llamó al Estado y a la sociedad ticas a asegurar que en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas estén libres de toda forma de discriminación.
En particular, la entidad mundial destacó que se debe respetar, proteger y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar y manejar sus tierras, territorios y recursos.
En el comunicado, la ONU pidió al Estado tico seguir impulsando las acciones necesarias para investigar, sancionar y juzgar a las personas responsables de estos hechos violentos, y a resolver de manera pronta y efectiva los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
Por otra parte, el sociólogo y catedrático costarricense Osvaldo Durán-Castro consideró en un extenso artículo que la deuda histórica y vigente del Estado de Costa Rica con los pueblos originarios implica la violación de sus derechos humanos civiles, culturales, económicos y políticos.
‘La exclusión y denigración asociadas con esta violencia vivida desde muchos siglos antes de la creación de una ‘nación’ y un ‘estado costarricense’, hoy día tienen en el desconocimiento de la autonomía y la usurpación de sus territorios, dos de las más crudas manifestaciones’, opinó.
Aseguró que el hecho de juzgar con leyes agrarias los conflictos en los territorios indígenas es una evidencia más que reveladora de injusticia, pues confirma que el Estado desconoce, en la práctica, la legislación nacional, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de Trabajo y resoluciones de organismos internacionales.
Hasta ahora, estimó, la aplicación errónea del derecho agrario en los conflictos impuestos en los territorios indígenas está reforzada desde una institucionalidad que reproduce una visión cultural y prácticas excluyentes y racistas.
La encrucijada actual de los pueblos indígenas es literalmente entre vida y muerte y eso obliga a repensar, detalló Durán-Castro.
En 2021 la violencia contra los pueblos originarios cobra un peso simbólico particular por las celebración del bicentenario de la independencia de un país pretendidamente unificado, incluyente y respetuoso de la diversidad, cuando en realidad lo que viven los indígenas es el asedio recolonizador y en consecuencia violento en todos los campos, puntualizó.
Para el sociólogo las deudas del Estado y de toda la institucionalidad con los pueblos originarios empezarían a saldarse si se resuelven legalmente los crímenes de Sergio y Jerhy; al menos esa sería una buena señal.
‘Los desafíos de la universidad pública, en particular, pasan por proponer e implementar en conjunto con los pueblos originarios, procesos (no proyectos) con un enfoque que busque superar las causas históricas de sus carencias y que reafirme la totalidad de sus derechos y autonomía integral’, concluyó.
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