Un día después del cierre del registro por parte de la Oficina Nacional de Identificación, Mésadieu dijo a una radio local que actualmente se encuentran al 80 por ciento de la consulta popular prevista para el 27 de junio próximo.
‘Actualmente estamos capacitando a las oficinas de referendo y evaluando los centros de votación. Así que estamos en la recta final’, aseveró.
En cuanto a las amplias zonas de la capital controladas por bandas armadas, la funcionaria adelantó que establecerán megacentros de votación para facilitar a los residentes ejercer su derecho al voto.
Una investigación del Centro de Análisis en Derechos Humanos reveló a finales de diciembre que cerca del 35 por ciento del electorado está bajo la influencia de la federación de pandillas G-9, que reúne a varios grupos armados en Puerto Príncipe y sus alrededores.
De acuerdo con Mésadieu, esa estrategia ya se empleó durante las elecciones de 2006 en el barrio de Cité Soleil, situado en la entrada norte de la capital.
Sin embargo, a dos meses del referendo crecen las críticas sobre el proceso, considerado unilateral e ilegítimo por los sectores de la oposición, instituciones judiciales y de la sociedad civil para los cuales el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse venció el 7 de febrero pasado.
‘Nos oponemos al referendo constitucional convocado por el expresidente, que se lleva a cabo de manera inaceptable, sin consulta, sin asamblea constituyente y no podemos seguir avanzando en ese camino’, dijo a Prensa Latina Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo.
Las fuerzas contestatarias señalan además la ilegalidad del CEP, nombrado en septiembre pasado, pero que aún no se juramentó ante el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país.
Mésadieu defendió el nombramiento y criticó a la oposición que impidió la toma de juramento,y dijo que podría su cargo a disposición si eso permite la realización de la consulta popular.
A pesar del tenso escenario político y el recrudecimiento de la violencia, multiplicación de secuestros y asesinatos, el Gobierno parece no dar marcha atrás con el ejercicio democrático, a pesar de que esta figura está expresamente prohibida en la carta magna vigente.
La semana pasada, el asesor presidencial Guichard Doré, aseguró que el referendo empodera a los gobiernos locales y fomenta la creación de una clase media en la próxima década, mientras Mathias Pierre, ministro delegado para Asuntos Electorales refutó que no podrán completar el registro de todos los electores a tiempo.
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