La acusación fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y el exjuez español Baltazar Garzón, muy conocido por su participación en una acusación contra el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos.
La declaración denuncia los homicidios, torturas –incluida las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Asimismo señala el incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asegura que los ataques a la población civil por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y abril de 2021, han persistido.
Esto, puntualiza, ‘mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos’.
Asimismo advierte que los tribunales de justicia ha impuesto medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social.
Califica ese accionar de ‘asimétrica conducta’, pues en cambio, ‘han liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha’.
Los denunciantes apuntan la omisión de la Fiscalía Nacional en ‘su deber constitucional y legal de investigar’, al disponer el cierre de más del 55 por ciento de las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo así el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia.
El documento fue firmado también por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli.
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