En el dictamen aprobado el miércoles y publicado este jueves en la Gaceta Parlamentaria, esa instancia lo culpó por estafar al fisco 6,5 millones de pesos (325 mil dólares), una transgresión menor e insignificante ante las demás que no prosperaron.
La instancia jurisdiccional concluyó que los otros dos delitos que se le imputan, delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron acreditados parcialmente por la Fiscalía General de la República, pero precisó que podrán ser comprobados en el juicio penal ulterior en su contra.
Añadió que a lo largo del proceso, iniciado por la solicitud de desafuero, se evidenciaron probables faltas como la compra no aclarada de bienes inmuebles por 228 millones de pesos (11 millones 400 mil dólares) por parte del gobernador y sus familiares.
También el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 14,3 millones de pesos (715 mil dólares), que luego revendió en dos millones 100 mil dólares y las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del funcionario afiliado al Partido Acción Nacional.
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