En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, la funcionaria admitió un incremento en las amenazas que obligan a tomar medidas más serias para tratar de evitar nuevos crímenes.
Dijo que se investigan por todas las vías los casos reportados y ya están presos algunos presuntos responsables, pero la mayoría están libres. Admitió que las cifras se multiplican en los casos de personas no candidatas, pero que están muy ligadas a las elecciones, incluidos periodistas.
Por eso, agregó, se creó un mecanismo de protección de candidatos en coordinación con los gobiernos estatales y municipales que es dónde más asesinatos y amenazas se detectan.
Señaló que el Gobierno central creó el Centro de Monitoreo con participación de las secretarías de Seguridad, Defensa, y órganos de inteligencia, para atender a los candidatos y actuar ante las amenazas.
Desde su inicio el 4 de marzo, explicó, recibieron un total de 234 denuncias de candidatos amenazados, 133 de ellos hombres, y el ritmo sigue creciendo cada día pues el crimen organizado busca influir políticamente en las elecciones y asegurar a su gente en los cargos públicos.
Puso como ejemplo las amenazas concretas contra diputados por el gobierno de Michoacán para que no votaran a favor de la destitución en 2019 del gobernador Silvano Aureoles y, sin embargo, no ocurrió nada y la denuncia no prosperó.
Precisamente el mes pasado Aureoles ejerció públicamente abuso de poder contra un maestro, a quien empujó, maltrató e insultó porque protestaba contra su administración, y esa persona tuvo que huir del estado por amenazas de muerte.
Icela Rodríguez aseguró que esa mala actuación del mandatario local y otras amenazas hechas por su secretario de despacho a varias personas, ya están en investigación.
López Obrador expresó que hacen todo lo posible para que se terminen los actos intimidatorios, la agresión e intervención de los cárteles y mafias del crimen organizado en asuntos políticos y exigió dejar que el pueblo elija libremente a sus gobernantes y que los candidatos puedan establecer sus derechos constitucionales en libertad y sin peligro.
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