El mandatario fue acusado de lavado de dinero y vínculo con el crimen organizado, pero procesado solo por defraudación fiscal de 325 mil dólares cuyo origen no pudo demostrar y liberado de los otros cargos que eran los importantes.
Las bancadas se enfrascaron en un largo y agrio debate, la del Partido Acción Nacional (PAN), a la cual pertenece el defenestrado, insistió que la decisión final la tiene la legislatura de Tamaulipas, pero la agrupación Morena aseguró que va a ir a la cárcel.
Si el tribunal en lo penal verifica los cargos, el gobernador puede recibir una sanción de privación de libertad de tres a nueve años.
El dictamen de la Sección Instructora aprobó la sanción por 362 votos a favor contra 134 la oposición y 14 abstenciones, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional.
De todas formas, se mantiene el debate sobre si el Congreso del estado, en el cual el PAN de García domina 23 de los 24 escaños necesarios para echar atrás la decisión del federal y será la última instancia que apruebe el desafuero.
El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, del oficialista Morena, dijo que se comprobó el delito de defraudación fiscal agravada.
El delito por el cual se decidió el desafuero, para que la FGR esté en posibilidad de solicitar la detención y presentarlo ante un juez, no es meramente culposo, expuso el legislador y dijo que el daño se causó no solo ante la Hacienda federal, sino de los ingresos de Tamaulipas.
La instancia jurisdiccional concluyó que los otros dos delitos que se le imputaban, delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron acreditados parcialmente por la Fiscalía General, pero precisó que podrán ser comprobados en un juicio penal ulterior en su contra.
En el proceso se evidenciaron faltas como la compra no aclarada de bienes inmuebles por 11 millones 400 mil dólares por parte del gobernador y el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 715 mil dólares, que luego revendió en dos millones.
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