El gobernador de Papúa, Lukas Enembe, consideró que el enfoque de línea dura del gobierno no es probable que produzca resultados positivos y no resolverá el problema a corto plazo.
En un comunicado, el gobernador explica que la medida de Yakarta tendrá un impacto negativo en la remota región, ‘económica, social y políticamente’.
Sería ‘más prudente’ que las fuerzas armadas y policiales de Indonesia comenzaran con el mapeo de estos grupos, sus características, escondites y organización, sugirió.
Enembe recordó que muchas veces en el pasado los militares y la policía fueron responsables de muertes de civiles, acusados de ‘complicidad’ con movimientos rebeldes y separatistas.
El funcionario también pidió al gobierno que dé un paso atrás en ese sentido, porque ponerle la etiqueta de terrorista a los grupos separatistas alimentará los ‘problemas psicosociales’ en la zona.
En Papúa, las autoridades locales siguen comprometidas con el objetivo de unidad del país y condenan el uso de la fuerza para resolver disputas, agregó el gobernador.
La semana pasada, el gobierno de Indonesia designó oficialmente al Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental como organización terrorista.
Según la ley antiterrorista de Indonesia, las autoridades pueden detener a personas sin cargos durante un máximo de 21 días e interceptar comunicaciones si se sospecha que se están utilizando para planificar o cometer actos ‘terroristas’.
El resurgir de la violencia en la región se exacerbó después de que un oficial de inteligencia fuera asesinado a tiros el pasado 25 de abril en la región más oriental del país, donde se ha librado una rebelión de bajo nivel durante décadas.
Los separatistas dicen que su lucha es legítima, ya que la antigua potencia colonial, Holanda, prometió la independencia de Papúa antes de que fuera anexada a Indonesia en 1963.
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