En exclusiva con Prensa Latina vía internet, este economista de reconocida trayectoria y activista social colombiano hizo un bosquejo de la crisis actual de la nación suramericana que acapara titulares, denuncias, llamados de alerta y observación permanente ante la violencia del Estado, desde la mano del gobierno de Iván Duque.
‘La reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque, sin dudas era un atentado contra el pueblo porque buscaba extraer de los bolsillos de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país algo más de siete mil millones de dólares’, aseguró.
Explicó que era un proyecto de reforma que castigaba con impuestos el consumo de los sectores medios y pobres de la población y, asimismo, las rentas del trabajo lo cual, por cierto -dijo- es una labor con crecientes niveles de informalidad y precariedad.
Se trata de una reforma que se pretendía adelantar en un contexto de agudización de la crisis económica y social derivada de los impactos de la pandemia, añadió.
En esas condiciones la respuesta lógica fue la del hartazgo y la indignación, subrayó Estrada, también profesor universitario.
‘La gente no podía permitir que su ya precaria situación fuera más deteriorada por cuenta de una reforma tributaria que, al tiempo de castigar a los sectores medios y pobres de la población, mantenía los incentivos para las grandes corporaciones, para los grandes empresarios, para los grupos económicos de poder de Colombia’, comentó.
Indicó que, aunque el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto inicialmente presentado, la protesta sigue porque las aspiraciones de los colombianos movilizados van mucho más allá de enfrentar una reforma tributaria.
El hecho que el gobierno la haya retirado, no significa su renuncia a ella porque, de hecho, está construyendo un nuevo texto que en lo esencial busca reducir las aspiraciones de recaudo esencial a tres mil 504 mil millones de dólares, detalló.
‘No están claros todavía los contenidos del nuevo proyecto que se supone el gobierno aspira a concertar en el Congreso de la República con fuerzas sobre todo afines. Pero reitero, las aspiraciones de la sociedad colombiana van mucho más allá’, enfatizó.
Para el director de la Revista Izquierda, los colombianos están frente a un acumulado de problemas que ya tuvieron su expresión de rechazo en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y en las manifestaciones en septiembre de 2020.
En esos dos momentos, fueron asesinados 13 jóvenes colombianos a manos de la fuerza pública, denunció.
MOVILIZACIONES REGISTRAN NUEVAS ASPIRACIONES
Las movilizaciones que persisten en Colombia muestran una magnífica presencia de los hombres y mujeres del común en las calles, sobre todo de estudiantes y trabajadores, de jóvenes desocupados en gran medida sin perspectivas ni proyectos de vida, describió.
‘Esas movilizaciones registran nuevas aspiraciones y específicamente se plantea la necesidad de una renta básica universal’. Adicionalmente -agregó- se exige la desmilitarización de los centros urbanos, de las calles de las ciudades, por cuanto se considera que el ejército está hecho para la guerra y no para combatir al pueblo.
También piden el retiro de un proyecto de reforma de ley de la Salud que profundiza los procesos de privatización iniciados en Colombia en 1993 con la expedición de la Ley 100 y que en absoluto permite resolver las preocupaciones y problemas en ese campo de la sociedad colombiana, dijo.
‘Igualmente hay demanda por el cese de las masacres y asesinatos contra líderes y lideresas sociales en Colombia. Solo el año pasado hubo más de 136 matanzas y en lo corrido de este 2021 suman ya más de 35’, puntualizó el director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.
Precisó que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de mil 100 líderes sociales y 271 firmantes de ese compromiso murieron asesinados, de tal manera que ahí hay otra reivindicación del pliego, un clamor por el cese de la violencia que azota sobre todo a los territorios de la Colombia profunda.
Junto con ello hay otra serie de requerimientos como la exigencia de matrícula cero que equivale a gratuidad en la inscripción para los estudiantes de educación superior, específicamente de las universidades públicas, lo cual podría extenderse a las universidades privadas, amplió.
‘Otra exigencia importante es que se desmonte el Escuadrón Antidisturbios por su acción criminal contra los jóvenes, hombres y mujeres de Colombia’, remarcó Estrada.
Consideró que esas son las reivindicaciones de un pliego inmediato a las cuales se suma la exigencia de que haya una política efectiva para combatir la pandemia del coronavirus causante de la Covid-19.
En su opinión, la gestión de la crisis sanitaria, en lo que concierne a la política de Salud Pública, ha sido errática y en general desastrosa.
‘El país registra un severo rezago en el proceso de vacunación masiva de la población y en buena medida tiene que ver con las posturas que el gobierno asumió en su momento en el proceso de negociación para el acceso a vacunas’, señaló.
‘Posturas incluso con cargas ideológicas que desconocen la existencia de vacunas con impactos positivos en otros lugares del mundo’, acotó.
Para Estrada, a pesar de que la protesta social es un derecho legítimo consagrado en el ordenamiento constitucional colombiano, la respuesta del Estado y específicamente del gobierno de Iván Duque fue la represión violenta. ‘Los datos son escalofriantes: tenemos tras una semana de paro y movilización social y popular en Colombia, 32 jóvenes asesinados en su absoluta mayoría menores de 25 años’, expuso al referirse a la información diaria proporcionada por organizaciones no gubernamentales desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril.
Tenemos jóvenes que perdieron sus ojos o uno de sus ojos por cuenta de la acción de los policías que dispararon balas de goma dirigidas a ellos. Se trata de cerca de una decena de esos jóvenes, especificó.
Apuntó que sin cifras consolidadas aún de desapariciones hasta el momento, se habla de una cantidad de entre 40 y 89 personas.
‘A ello se suman centenares de detenciones y heridos, de tal manera que aquí hay una respuesta brutal, un uso desmedido de la fuerza del Estado que se ha acompañado además de la orden de militarizar los centros urbanos’, declaró.
Destacó que se habla incluso de la posibilidad de que el presidente de la República, según sigan avanzando los acontecimientos, decrete el Estado de Excepción, la Conmoción Interior que, de facto, significaría abrirle paso a una dictadura civil, así sea de manera transitoria y por tiempos regulados constitucionalmente.
Eso traería implicaciones muy graves, muy peligrosas para el devenir del proceso político en Colombia, alertó. ‘Debo señalar que, en todo caso, en el contexto de las luchas y movilizaciones se han presentado numerosos actos de violencia que no pueden ser explicados’, aseguró.
El entramado de la violencia en Colombia es muy complejo y resulta difícil aproximar caracterizaciones, sostuvo a Prensa Latina.
PERSPECTIVAS
Por lo pronto no hay suficientes claridades acerca de las perspectivas porque el gobierno busca apaciguar, combinar una estrategia de conversaciones que ya usó en el contexto del paro de noviembre de 2019, refirió.
‘Llamó a conversar a los gremios económicos, a los partidos políticos e incluso habla de platicar con las fuerzas opositoras, con las altas cortes, con el Comité Nacional de Paro, con los jóvenes’, manifestó.
Pero lo concreto, más allá del llamado a la conversación: no hay decisiones políticas que permitan afirmar una inmediata desactivación de lo que llevó al paro, como la renuncia a la reforma tributaria, a medidas concretas contundentes para solventar la muy difícil situación económica e incluso para apoyar la propia producción nacional, señaló.
‘Me refiero a medidas en las que, si se contempla el escenario de tributación, los impuestos descansen básicamente en los que más renta y patrimonio tienen. No hay que olvidar que este país es uno de los que en el mundo más concentra el ingreso’, ilustró.
De todo eso no hay ningún anuncio todavía, no se advierte nada al respecto, ese es el escenario de la conversación que estará acompañado de la persistencia de la continuidad de la protesta, opinó.
Aseguró que son impredecibles las dimensiones y alcances y las dinámicas que se van desatando en este contexto donde sobresalen las expresiones de movilizaciones, organizativas, que pueden considerarse como novedosas.
‘También dan cuenta de expresiones vistas en otros lugares de Nuestra América, muy heterogéneas, muy diversas, pero convergentes en el hartazgo y en la indignación, en el basta ya frente al orden existente, aunque suficientemente claras y decantadas en cuanto a los procesos inmediatos a construir’, resaltó.
Estrada prevé escenarios similares en países de la región, como ocurrió recientemente en Chile, donde se desató un proceso en el cual la Asamblea Nacional Constituyente ha sido considerada como una estación necesaria de redefinición del poder y la organización de presupuestos más democráticos para ese país.
‘Colombia está demandando, tiene aspiraciones mucho más profundas que lo que pueda esperarse de procesos electorales, específicamente de los comicios de 2022’, avizoró.
Para el académico, en todo caso ese proceso debe ser fundamental con vistas a consolidar un cambio político favorable a las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda de Colombia, después de una larga hegemonía de gobiernos de derecha con diferentes matices en las últimas décadas.
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(*) Periodista de Prensa Latina
