El gobierno confirmó a inicios de esta semana, que la consulta popular se mantiene el próximo 27 de junio, a pesar de las objeciones al proceso dentro y fuera del país, entre quienes consideran su falta de transparencia y participación.
Jean Rony Alexandre, presidente de Jeunesse Montante, pidió a la juventud, los grupos económicos, intelectuales, integrantes de la diáspora, así como a organizaciones de mujeres y campesinas, cerrar filas contra el ejercicio.
Señaló que la situación actual, caracterizada por el auge de la inseguridad, la descapitalización de la clase media, impunidad y falta de rendición de cuentas de las autoridades, impide una consulta de este tipo verdaderamente democrática.
También cuestionó la legalidad y legitimidad del Consejo Electoral Provisional, única institución capaz de realizar este proceso, y que fue nombrado por el presidente Jovenel Moïse en septiembre pasado, pero aún no recibió aprobación de las instancias judiciales.
Para la plataforma, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como la incapacidad del Gobierno de ponerse al servicio de la población, y la concertación de un acuerdo político para salir de la crisis, son puntos que deben estar en el centro de las prioridades del momento.
Otras organizaciones también rechazaron el referendo por considerarlo unilateral, y descartaron participar en su votación.
Por su parte Naciones Unidas advirtió que el proceso no es lo suficientemente participativo, transparente e inclusivo y alentó a las autoridades a discutirlo con una gama más amplia de grupos políticos, sociales, incluidos los de mujeres y religiosos.
No obstante, el primer ministro interino, Claude Joseph, señaló recientemente que la modificación de la Constitución es un acto soberano y reiteró que casi el 90 por ciento de la población está de acuerdo con el cambio.
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