A solo dos meses de la consulta popular impulsada por el Gobierno para modificar la carta magna de 1986, Tabesse señaló que las condiciones de apoyo financiero y técnico no se cumplen, por lo que ‘nos negamos a contribuir a este proceso tal y como está’.
La embajadora consideró que el referendo no da todas las garantías de transparencia y democracia que esperaría el bloque.
La consulta está prevista para el 27 de junio y de aprobarse regresará al país hacia un régimen presidencialista, podría desaparecer el Senado y ofrecer más poder al Ejecutivo.
Varias voces criticaron la iniciativa del Gobierno, al considerarlo un proyecto unilateral y arbitrario, mientras las autoridades se defienden con los resultados de varias encuestas en las cuales casi el 90 por ciento de los entrevistados se mostró favorable al cambio constitucional.
No obstante, las principales réplicas se centran en que la figura de referendo está expresamente prohibida en la ley de leyes vigente, la primera tras la caída de las dictaduras de François y Jean Claude Duvalier (1957-1986).
Además de la Unión Europea, recientemente la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití alentó una mayor participación en la discusión y formación del proyecto constitucional.
‘En esta etapa, el proceso no es lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente’, manifestó esa instancia de la ONU.
Pese a las críticas, el primer ministro interino Claude Joseph señaló que el referendo es un acto de soberanía nacional.
‘Se trata esencialmente de los haitianos: son ellos los que deciden si quieren o no un referendo para cambiar la Constitución’, dijo Joseph, aunque reconoció que algunas preocupaciones expresadas internacionalmente son fundadas y legítimas.
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