Para estas plataformas la pausa en los raptos por rescate forma parte de la estrategia del presidente Jovenel Moïse, que le permite organizar el plebiscito y las elecciones, dos proyectos blanco de numerosas críticas.
Gédéon Jean, del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, dijo a una radio local que la disminución de estos casos será operativa a partir del próximo mes, aunque ya desde ahora es perceptible un menor número de víctimas.
Por su parte Pierre Espérance, al frente de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que las autoridades comenzaron a distribuir dinero entre las pandillas ‘para dar l impresión de que el clima de seguridad en el país es propicio para la celebración de elecciones y referendo’.
‘El gobierno no sólo distribuyó dinero a las bandas de Village-de-Dieu y Grand-Ravine, sino que también envió dinero a las bandas del G9 y a sus aliados, en contra de la información que ha comunicado la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración’, añadió Espérance.
La víspera, el primer ministro interino, Claude Jospeh, sostuvo que todos los centros de votación del referendo están asegurados y felicitó a la Policía por sus esfuerzos de establecer un clima de paz.
El funcionario también pidió a los opositores permitir las reuniones de debate de la consulta popular, tras las interrupciones este fin de semana en los departamentos Nordeste y Oeste.
Las principales críticas a la consulta popular, están centradas en la inconstitucionalidad del proceso, expresamente prohibido en la ley fundamental vigente, y la presunta falta de legitimidad del Gobierno, cuyo mandato expiró en febrero pasado, de acuerdo con sectores opositores, plataformas sociales, líderes religiosos y diversos gremios del país.
Recientemente, organismos internacionales coronaciones Unidas o la Unión Europea, expresaron sus reservas con el referendo, al considerarlo aún poco transparente e inclusivo.
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