El proyecto organizará discusiones entre personalidades de diversas disciplinas, que serán trasmitidos en los medios tradicionales y las redes sociales.
El objetivo es explicar al público los principales cambios del anteproyecto y debe sumar a representantes partidarios y de organizaciones sociales, según indicó Mathias Pierre, ministro delegado para Asuntos Electorales y Relación con Partidos Políticos.
De acuerdo con Pierre, la aprobación de la nueva Constitución permitirá a los ciudadanos participar en elecciones generales cada cinco años, salir de la inestabilidad política y poner fin a los conflictos entre los tres poderes del Estado.
También ofrece a las mujeres, jóvenes, campesinos, organizaciones de base y a la diáspora la posibilidad de intervenir en la gobernanza del Estado y poner al país en la senda del desarrollo humano sostenible.
De aprobarse, la Constitución será la número 23 desde la independencia de Haití en 1804, recordó el primer ministro interino Claude Joseph, quien reiteró que pese a los rumores, el presidente Jovenel Moïse no se beneficiará del documento con un segundo mandato.
Joseph insistió en que la crisis multidimensional de la nación precisa de una ley de leyes que promueva la estabilidad.
Por su parte, el expresidente Boniface Alexandre subrayó que la Constitución enmendada aún vigente es obsoleta y nunca respondió a las aspiraciones del pueblo.
No obstante, el proyecto es blanco de numerosas críticas, incluso entre los aliados gubernamentales, para los cuales la carta magna se propuso de manera unilateral y sin alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas.
Sus detractores también recuerdan que la figura del referendo no está contemplado en la ley fundamental vigente, por lo cual califican de inconstitucional el ejercicio democrático propuesto por el Ejecutivo.
A esto se suman declaraciones de organismos internacionales como Naciones Unidas, que alertó sobre la falta de transparencia e inclusión del plebiscito, mientras la Unión Europea rechazó financiar o traer observadores al proceso.
A pesar de las críticas, el Gobierno insistió esta semana en que el referendo es un acto soberano, aunque reconoció las preocupaciones de la comunidad internacional.
Al interior, el comité que promueve la nueva Constitución debió suspender varias de sus reuniones en los departamentos tras el boicot de activistas de la oposición.
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