La víspera, el Consejo de Seguridad del organismo multilateral reafirmó su pleno compromiso con el proceso de paz de Colombia e instó a todas las partes a que, con el apoyo de las instituciones estatales y fuerzas de seguridad competentes, así como de la sociedad civil, colaboren para mantener los avances.
Al mismo tiempo, exhortó a hacer frente a los desafíos, en particular la violencia que persiste en las zonas afectadas por el conflicto, mediante la implementación integral del Acuerdo Final.
Recordó en tal sentido las cinco prioridades para 2021 recomendadas por el Secretario General António Guterres, en particular la resolución por la que se estableció la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Esa Misión es la encargada de verificar la implementación por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final.
En 2016, luego de casi cuatro años de diálogos y negociaciones, Santos, en representación del Estado, y las FARC-EP, firmaron el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado más antiguo de Latinoamérica.
Desde entonces la implementación, de acuerdo con denuncias, tiene luces y sombras, porque por una parte tuvo lugar la desmovilización de los miembros de la guerrilla y su reincorporación, pero por otra parte siguen los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes. En recientes declaraciones a Prensa Latina, el senador de Polo Democrático Iván Cepeda, aseguró que el ‘fue un acuerdo inédito, no solamente en Colombia sino también en el mundo, como lo reconocen distintas instancias de la comunidad internacional’, afirmó el congresista.
Sin embargo, dijo, la implementación es muy difícil porque hay sectores que quieren vivir en el pasado, seguir fomentando la guerra y el conflicto.
Se trata de sectores que han vivido de la guerra y de la violencia en Colombia, que han hecho de la violencia un sistema político y económico, aseveró el político de oposición.
La puesta en práctica del Acuerdo está amenazada no solo por intentos de evitar su refrendación, sino igualmente por los asesinatos sistemáticos de quienes en los territorios de conflicto buscan la implementación, y de los propios firmantes que dejaron las armas y pasaron a la vida civil, añadió.
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