De esa manera, el mandatario local queda sujeto ante los tribunales a una acusación que lo puede llevar a la cárcel de tres a nueve años si se le considera culpable, aún en ejercicio del cargo que desempeña, según una reforma constitucional sobre el fuero aprobada recientemente.
La Cámara de Diputados determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo de gobernador y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes, a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan.
García es señalado por la Fiscalía General de la República de haber incurrido en defraudación fiscal por un monto de 6,5 millones de pesos (325 mil dólares), por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril.
Sin embargo, el gobernador logró evadir en el Congreso las dos acusaciones principales por delitos de lavado de dinero y vínculo con el crimen organizado, aunque en el juicio penal civil pueden emerger nuevamente ambas.
El juez Martín Adolfo Santos resolvió rechazar el recurso bajo el argumento de que el promovente pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana conferida constitucionalmente y en la cual se observaron las pautas correctas emitidas al efecto.
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