La funcionaria mostró preocupación por lo que calificó de numerosas acusaciones creíbles sobre devoluciones sumarias durante los últimos años, a través de la carta dirigida a los ministros helenos de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis; Migración y Asilo, Notis Mitarakis; y de Asuntos Marítimos, Yannis Plakiotakis.
Mijatovic instó al ejecutivo griego a garantizar que todas las acusaciones relativas al tema se investiguen de forma ‘independiente y efectiva’, al tiempo que expresó preocupación por la reacción oficial de las autoridades del país mediterráneo.
Grecia a menudo ‘simplemente desestima las imputaciones sobre devoluciones sumarias, a pesar de la arrolladora cantidad de pruebas presentadas en los últimos años’, aseguró Mijatovic.
De su lado el Gobierno del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, aseguró que las acusaciones se investigaron y no fueron corroboradas.
En tanto ratificó su ‘compromiso humanitario al salvar las vidas de miles de migrantes desde 2015’, una labor que, según el Gobierno ‘se realiza en un marco desfavorable de información intencionadamente engañosa procedente en su mayoría de las redes de traficantes’.
Las operaciones realizadas por las autoridades helenas en las fronteras marítimas están en total conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aseguraron además los ministros griegos en respuesta a Mijatovic.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan al ejecutivo de Grecia por lo que califican de malas condiciones en que habitan miles de migrantes, distribuidos en campos para refugiados por todo el país.
A ese reclamo se sumó la Unión Europea, que elaboró un plan para reubicar a los indocumentados en varias naciones del denominado viejo continente.
La incidencia de la Covid-19 detuvo su ejecución, pero meses atrás se reactivó esa iniciativa y miles de migrantes fueron enviados a naciones como Alemania, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, que integran un reducido número de países dispuestos a cooperar.
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