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De acuerdo con el texto, divulgado este jueves por el senador Iván Cepeda, uno de los querellantes, piden la activación de la competencia de la CPI para conocer los crímenes.
Señalan que el Estado colombiano no tiene voluntad para adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque.
Afirman que el informe presentado contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Da cuenta de al menos mil 595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de derechos humanos, añaden.
De estos hechos, aportaron la identidad de 315 personas, documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11, de desaparición forzada; 129, de tortura y mil 365 víctimas de detención irregular.
Asimismo, denuncian que, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, 40 personas perdieron la vida durante procedimientos policiales de contención de la protesta social.
‘Varias de ellas fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué. Adicionalmente, se alerta sobre 435 personas que han sido reportadas como desaparecidas’, acotan.
La comunicación indica con especial preocupación que la ciudad de Cali ha sido escenario de los más graves hechos.
Dichas acciones, según los firmantes, han ocurrido con carácter sistemático y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades de Policía que constantemente minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos.
En tal sentido piden a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos.
Señalan al presidente Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como máximos responsables.
También responsabiliza al exsenador Álvaro Uribe, como uno de los principales instigadores.
Aseguran que los altos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano. Por el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas.
La denuncia fue presentada por el senador Cepeda; Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la libertad un asunto de todas; Alejandro Lanz y Alejandro Rodríguez, codirector y coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG; entre otros.
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