De acuerdo con la Agencia de Prensa Rural, más de 100 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, defensoras de la vida y del territorio, el agua y la naturaleza se unieron a las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril.
‘Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales’.
Ese modelo, añadieron, vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitan, humanos y no humanos.
Según los activistas, el gobierno de Duque mantiene oídos sordos a los cambios estructurales que millones de colombianos reclaman.
Los ambientalistas reiteraron su apoyo al paro nacional como un espacio legítimo de lucha y resistencia pacífica frente a un acumulado de nefastos gobiernos que han respondido con violencia al ver expuesta su política de corrupción y muerte, sostienen.
En el pliego de exigencias de estos colectivos sobresale la protección de la vida e integridad de los defensores del medio ambiente amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, en el país que lidera la cifra de ambientalistas asesinados, recordaron.
Exhortan al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.
Piden prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, y garantizar la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz relacionados con la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Exigen detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance en la Amazonia; evitar la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana sin que eso implique la militarización de las zonas ni la criminalización del campesinado.
También demandan declarar una moratoria a los proyectos de mega minería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca, y Tolima, que generan impactos irreversibles.
Reclaman prohibir el ‘fracking’ (fracturación hidráulica en la extracción de hidrocaburos), sustituir en el corto plazo los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.
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