En su opinión, Molano podría afectar cualquier posibilidad de acuerdo entre el gobierno y los representantes de las multitudinarias movilizaciones para superar la situación actual, a causa de su discurso incendiario, estigmatizante, que legaliza los crímenes que el país y el mundo rechazan.
El también abogado, hizo alusión, por medio de su cuenta en Twitter, a un reciente discurso del titular de Defensa acerca de la situación en Popayán, capital del Cauca, donde hace dos días, durante una movilización contra los abusos sexuales de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios arremetió de manera violenta contra los manifestantes.
Como se hizo costumbre en el país, Molano responsabilizó a los jóvenes, e incluso señaló a algunos (defensores de los derechos humanos) de ser parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, algo desmentido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Este colectivo, denunció que el ministro incluso puso precio por la captura de los señalados, lo cual -alertó- es muy peligroso.
En tanto, el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larrahondo, manifestó que las declaraciones del ministro de Defensa, donde alude al ofrecimiento de recompensa ‘no fue considerado en la agenda del consejo de seguridad del cual hicimos parte’.
Agregó que la ciudadanía caucana expresó su rechazo a tales declaraciones en las cuales menciona algunos alias que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones.
En tal sentido, junto al puesto de mando del Cauca, instó al ministro a que aclare lo dicho sobre esos alias y al mismo tiempo pidió que se observen todas las garantías de protección para los líderes sociales.
Por último, solicitó el cumplimiento de todos los preceptos legales del debido proceso en cualquier actuación judicial.
Colombia vive un estallido social desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó un paro nacional contra un paquetazo neoliberal del gobierno de Duque.
Desde entonces, cientos de miles de personas se movilizan en todo el país cada día, pero al mismo tiempo, el gobierno optó por la militarización para reprimir las protestas pacíficas y sin otra solución a la vista.
Unos 50 muertos, cientos de heridos y desparecidos, decenas de abusos sexuales, detenidos de manera arbitraria, son parte del saldo del excesivo uso de la fuerza por parte de los uniformados, de acuerdo con denuncias de instancias como Temblores ONG, Indepaz, entre otras.
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