A todas luces esa decisión es violatoria de la constitución y de derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral de los manifestantes, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión y protesta pacífica, señaló la organización en un comunicado.
La ONIC, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, advirtió que, con esa decisión, Duque y su gobierno desconocen la profunda y estructural dimensión social del paro nacional y justifican, de facto, el uso excesivo de la fuerza y la violencia policial.
Tal exceso generó en 20 días más de dos mil denuncias por hechos cometidos por uniformados, 50 civiles muertos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y más de 37 agresiones de género, entre las cuales hay 16 delitos por violencia sexual.
‘La sistematicidad de estas agresiones, delitos y acciones violentas evidencia que no se trata de casos aislados’, alertó la ONIC.
Recordó que el 22 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas.
Enfatiza que recuperar la movilidad no es una razón legal ni legítima para justificar las evidentes y documentadas violaciones a los derechos humanos generadas por la intervención de la fuerza pública en el estallido social que hoy vive el país.
Al extremar la orden de dar tratamiento militar a la protesta social, el presidente pasa por encima de los estándares internacionales sobre la materia, la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, advirtió.
El presidente Duque ordenó ayer a la fuerza pública desplegar su ‘máxima capacidad operacional’ para recuperar la movilidad en las vías, algunas bloqueadas en el contexto del paro nacional contra su gobierno.
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