Ello fue calificado como ‘una señal potente’ de la ciudadanía por Matías Asun, director de Greenpeace Chile, organización que impulsó una campaña en favor de refrendar en la nueva carta magna la defensa de ese recurso vital como un bien público.
Asún señaló que ese apoyo de los constituyentes es resultado de la participación ciudadana y de la visibilización de los problemas socioambientales existentes en Chile, como el caso del agua, que muestra las injusticias que muchas personas padecen.
Llamó ‘a quienes estarán encargados de redactar la nueva Constitución para que hagan un trabajo consecuente y acorde con las demandas ambientales que la ciudadanía ha traspasado, y que este proceso sea de manera transparente y conectando con lo que las personas hoy exigen’.
Según los resultados de la campaña Suelta el Agua, impulsada por la ONG ambientalista, de los 155 constituyentes electos, 81 se comprometieron para que la nueva Constitución garantice el agua como un derecho para las personas y los ecosistemas.
Esa campaña, lanzada el 20 de marzo pasado, en sólo 40 días reunió 129 mil firmas en la petición por el agua.
Desde Greenpeace advirtieron que si bien los resultados de la votación son esperanzadores para la agenda ambiental, el compromiso que adquirieron las candidaturas debe cumplirse y ‘estaremos supervisando que quienes se comprometieron trabajen de forma consistente’ en esa dirección.
La Constitución vigente en Chile, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, es posiblemente la única en el mundo que consagra la propiedad privada sobre el agua, en un país donde las escasez de ese recurso es uno de los problemas ambientales más serios.
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