Los bombardeos israelíes contra la estrecha franja mediterránea habitada por unos dos millones de personas, quienes hace casi tres lustros sobreviven a un bloqueo feroz por aire, mar y tierra, esta vez dejaron más de 230 muertos, de ellos 63 niños y más de medio centenar de mujeres y ancianos gazatíes.
Pero esa cifra es tan engañosa como la postura de los gobiernos de las potencias occidentales basada en el derecho de Israel a su defensa: en las siete ocasiones desde principios de siglo que ese país lanzó todo su poderío contra la franja, el número de víctimas fatales supera con creces los dos mil.
Los heridos y lisiados están en la cota de las decenas de miles y la devastación de casas, infraestructura, escuelas y hospitales semeja a los destrozos de la política de tierra arrasada del ejército hitleriano en los países de Europa y la antigua URSS durante la Segunda Guerra Mundial.
Afirmar que esa violencia, asimétrica por demás, es consecuencia inevitable en un conflicto armado es una conclusión festinada por superficial ya que obvia la ocupación militar por Israel de Gaza y Cisjordania -Jerusalén este Incluida- tras la guerra provocada por Tel Aviv en junio de 1967.
Escondido en el maremoto de los bombardeos contra la franja aparece un motivo inmediato y personal del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien fracasó en su intento de formar gobierno y, en paralelo, es acusado de corrupción durante su mandato.
Netanyahu es hechura del Mosad, la inteligencia israelí, cuya influencia pone y quita reyes y está bajo sospecha de organizar el asesinato del primer ministro Yitshak Rabin en castigo por firmar en 1993 los acuerdos de Oslo, preludio de la creación de un estado palestino independiente.
El actual primer ministro surgió a la vida pública como protegido de Yitshak Shamir, integrante de la banda Stern, autora del atentado que costó la vida en 1948 al conde sueco Folke Bernadotte, mediador de la ONU, cuya sentencia de muerte fue proponer la creación en Palestina de dos estados independientes, uno árabe y otro judío, con fronteras intangibles.
Desde entonces Israel emprendió la anexión de territorios palestinos al crear asentamientos humanos ilegales en Cisjordania y Jerusalén y su forma más peligrosa, el llamado acuerdo del siglo presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump y rechazado por los palestinos.
En esencia, esa iniciativa, que Tel Aviv quiere imponer en julio próximo, semeja los bantustanes ideados en la Sudáfrica del apartheid, con la cual, valga recordarlo, Israel tenía relaciones privilegiadas, para encerrar a las etnias autóctonas en zonas limitadas.
Los nexos entre Tel Aviv y la Sudáfrica racista, que incluyeron la cooperación para crear el arma atómica israelí en 1979, condujeron a la declaración del sionismo como una teoría racista al igual que el apartheid en la Resolución 3379 la Asamblea General de la ONU de 1975, derogada por la 4686 de 1991.
Esas realidades desembocan en una hipótesis que solo el tiempo puede demostrar: la erupción de violencia del 10 de mayo pasado cumple fines estratégicos del sionismo basados en la creación del Gran (Eretz) Israel, un súperestado que abarcaría desde las riberas del río Nilo hasta las del Eúfrates y, por si fuera poco, poseedor del arma atómica.
La suposición no es una hipérbole: la enumeración de acciones, la política de hechos consumados y, sobre todo, la inmunidad de que goza por el apoyo, económico, político, militar y diplomático de Estados Unidos, apuntan en esa dirección.
En resumen, son malas noticias para el Levante.
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