Los congresistas Omar Restrepo, Victoria Sandino, Ángela María Robledo, entre otros urgieron a las autoridades del país a parar la masacre e investigar los hechos denunciados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Aludieron a una constancia de ese colectivo en la cual denuncia que desde el pasado 13 de mayo ha recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales.
Dichos relatos reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como ‘vándalos terroristas’ a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales, enfatiza el texto.
Añade que desde el 14 de mayo conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.
Narra que días atrás una nueva fuente señaló que el domingo 2 de mayo, el Centro Administrativo Municipal de Cali fue usado como centro de operaciones encubiertas a cuyos sótanos llevaron a jóvenes, sacados horas más tarde en camionetas con vidrios polarizados.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz añade que la policía habría llevado a los jóvenes en horas de la noche al sector de Mulaló, ubicado a 30 minutos de Cali y en un paraje previamente preparado habrían descargado los cuerpos.
Asimismo, otras denuncian advierten sobre desapariciones de jóvenes de barrios populares que participan en las movilizaciones en Guacarí, en Buga, y que habrían sido ‘ajusticiados’.
Algunos de los sobrevivientes de los ‘ajusticiamientos’ fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos, puntualiza.
Por otro lado, también hay denuncias de operaciones perpetradas por grupos de civiles armados y protegidos por policías, así como de la posible existencia de una casa de pique (lugares utilizados para torturar, asesinar y desmembrar a personas). ‘Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal’, enfatiza la Comisión.
En tal sentido llama a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base esta información inicial pública.
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