Transmitida por radio y televisión, la alocución del mandatario recordó en primer lugar los sucesos del 27 de mayo de 1977 en Luanda, cuando una agrupación político-militar intentó propinar un golpe de Estado, a solo dos años de la proclamación de la Independencia del país.
Lourenço ofreció disculpas a la nación y explicó que el perdón público no se reduce a simples palabras, es la expresión de nuestro sincero arrepentimiento y de la voluntad de poner fin a la angustia de las familias por falta de información sobre el destino de sus seres queridos, afirmó el gobernante.
Según informó, mañana comenzará la entrega de los primeros certificados de defunción a los familiares de las víctimas del 27 de mayo de 1977, un proceso que también contemplará a fallecidos en otros conflictos internos a lo largo de varias décadas, aseguró.
En los próximos días, indicó, empezará la localización de los restos mortales de los implicados en aquellos sucesos, con vistas a la exhumación y la entrega de las osamentas a los familiares.
Al decir de Lourenço, este gesto ‘cargado de emoción y simbolismo’, proporciona un gran alivio a las familias y también al estado angoleño que, a través del actual ejecutivo, decidió ‘quebrar el silencio de más de cuatro décadas’.
Siento la importancia de dar este paso por iniciativa propia, con el cual el Estado abre ‘una nueva página en la historia nacional’, aseveró el político.
Asimismo, exhortó a los otros actores políticos a favorecer la consolidación de la paz y la reconciliación e instó a la sociedad en su conjunto a adoptar las medidas preventivas para evitar la repetición de tragedias idénticas en el futuro.
El gobernante llamó a todos los ciudadanos, independientemente de la filiación partidaria, a dedicar sus saberes y energías a un proyecto de nación enfocado al desarrollo económico y social para la prosperidad y el bienestar de los angoleños.
En mayo de 2019, Lourenço creó la Comisión de Reconciliación en memoria de las Víctimas de los Conflictos Políticos, cuya coordinación corre a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El plan del ejecutivo contempla la emisión de certificados para las víctimas de conflictos políticos, en los términos del Régimen Especial de Justificación de Defunciones.
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