Tal como lo hizo con el acuerdo logrado en Buenaventura, el partido de Duque lo pretende hacer con el alcanzado en Cali entre los jóvenes y la alcaldía de esa ciudad, con la mediación de la Iglesia y de Naciones Unidas, y lo hace ahora con el preacuerdo logrado con el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional, afirmó.
Explicó por medio de un comunicado que el gobierno presentó un nuevo documento sobre garantías que deshace el preacuerdo del pasado 24 de mayo.
‘Insiste en militarizar las protestas y no acepta cumplir lo establecido en la normatividad, la jurisprudencia y los estándares internacionales’, enfatizó.
El colectivo, que aglutina a organanizaciones sindicales, gremiales, entre otras, aseguró que apoya y estimula los procesos regionales de diálogo y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país.
Recordó que la ONU y la Conferencia Episcopal han verificado, a solicitud de las partes, una tendencia a la reducción de cortes de vías, gracias a los acuerdos y decisiones tomados por las organizaciones y comunidades involucradas con la voluntad y el concurso de autoridades locales, en varios casos.
‘Las plataformas de derechos humanos y el Comité Nacional de Paro solicitamos una visita de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, luego lo exigimos en la discusión de las garantías para la protesta y solo después de las movilizaciones y la presión internacional el gobierno se vio obligado a aceptarla’, recalcó.
Recordó que le señaló al gobierno explícitamente los temas vitales y le solicitó que reconsidere su posición y suscriba el preacuerdo de garantías del 24 de mayo, basado en la desmilitarización de la protesta, la derogatoria del decreto 575 ‘para recuperar el orden público’ y el cumplimiento de la constitución, la jurisprudencia, la ley y de los estándares internacionales.
En tal sentido indicó que esperan una respuesta el próximo jueves, pero mientras tanto seguirán las movilizaciones.
El Comité reiteró su voluntad para llegar a un acuerdo sobre las garantías para la protesta que permita instalar de inmediato un proceso de negociación sobre los temas del pliego de emergencia: renta básica, salud, empleo, educación,desarrollo agropecuario y otros.
El pasdo 28 de abril una polémica ley de reforma tributaria propuesta por el gobierno ocasionó un estallido social, considerado el más grande y sostenido en el tiempo de los últimos 70 años.
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