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Acuerdan crear subcomisión para aprobar renta básica en Colombia

Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) La comisión tercera del Senado de Colombia acordó hoy crear una subcomisión para aprobar el Proyecto de Ley de Renta Básica, con el cual se busca beneficiar a las familias más desposeídas.

Esperanzador lo que acaba de pasar. Con diálogo hemos avanzado, expresó el senador Iván Marulanda, del Partido Verde, quien lidera el proyecto.

La iniciativa legal propone crear una renta básica permanente de hasta 480 mil pesos (unos 131 dólares) por hogar para 7,46 millones de núcleos pobres y vulnerables afectados por los estragos de la crisis del modelo económico, profundizada por la pandemia de Covid-19.

Este proyecto de ley iría paralelo a los programas de transferencia monetaria, que beneficiarán a las personas desempleadas y tendrían una vigencia económica de cuatro años, señaló Marulanda

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dan cuenta que el pasado año el 42,5 por ciento de la población colombiana se encontraba en condición de pobreza y 30,4 por ciento en situación de vulnerabilidad.

El DANE precisó que durante el mes pasado el desempleo a nivel nacional se ubicó en un 15,1 por ciento, menos 0,9 por ciento más que en marzo.

Para marzo pasado, 21,02 millones de personas subsistían con 331 mil 688 pesos mensuales (unos 90,3 dólares) y 7,47 millones con menos de 145 mil al mes, alrededor de 39,47 dólares.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia es uno de los países con menor inversión social durante la pandemia de la Covid-19, con un porcentaje inferior al dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Recalcó que ante ese escenario, Naciones Unidas, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica y la Comisión Económica para América Latina recomendaron al gobierno colombiano implementar la renta básica como una de las medidas para reactivar la economía.

La iniciativa tiene 16 artículos y en ellos se explica el monto, periodicidad, fuentes de financiación, entre otros aspectos, y sus principales puntos parten de que es un derecho ciudadano porque no es condicionada, no implica contraprestación alguna y es permanente en el tiempo.

Además, no afectará las finanzas del Estado porque se estima que su costo es de apenas el 3,7 por ciento del PIB.

El monto entregado mediante la renta puede ser complementado por las entidades territoriales y podrán acceder las personas que tengan y demuestren su necesidad.

El programa implementado mediante la ley tendrá veeduría y control ciudadano y se busca que sea evaluado permanentemente por la institucionalidad pública.

jf/otf

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