Según el coordinador de la mesa de diálogos y consejero presidencial, Emilio Archila, el Gobierno refrendó su voluntad para conversar y encontrar soluciones a las problemáticas del país.
Sin embargo, dijo, el Comité insistió en que el Gobierno debía firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica, alcanzado el pasado 24 de mayo.
Dicho preacuerdo no fue rubricado por el presidente Iván Duque, quien condicionaba la firma al levantamiento de los bloqueos de las vías en el país.
Agregó que el Comité introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 (militarización de ocho departamentos y 13 ciudades) que implicaría una discusión adicional antes de que, como ha sido la disposición del Gobierno, pudiéramos pasar al análisis de las peticiones del Pliego de Emergencia.
Por el momento el Comité no se ha pronunciado, pero en casi todos sus comunicados luego de concluidas las reuniones con su contraparte, denuncia la postura negativa de la administración de Duque acerca de las garantías de la protesta social.
Este Colectivo señala que las manifestaciones son un derecho por ley en Colombia, por lo cual el gobierno no puede ejercer el uso excesivo contra los manifestantes.
El pasado 28 de abril comenzó un paro nacional contra una lesiva reforma tributaria, impulsada por el gobierno de Duque, que aumentaba los impuestos a bienes y servicios y creaba nuevos gravámenes.
Las protestas de ese día continuaron y llevaron a un estallido social, marcado por la represión de la fuerza pública.
La plataforma Grita, contabiliza desde ese día al 31 de mayo, tres mil 789 casos de violencia policial en el contexto de las manifestaciones pacíficas, mil 248 víctimas de violencia física; y 46 asesinatos, presuntamente a manos de los uniformados.
Asimismo, registra y documenta mil 649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas por parte de la policía, 65 víctimas de agresión en sus ojos, 187 casos de disparos de armas de fuego y 25 víctimas de violencia sexual.
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