En un comunicado, la alianza -de la que forman parte dos presidentes en funciones, varios exmandatarios y personalidades de 17 países-, reiteró su llamado a finalizar los casos de guerra judicial y se refirió a la causa armada contra Enríquez-Ominami, imputado por supuesto fraude de subvenciones, quien ha sido una de las muchas víctimas de la judicialización.
‘Vemos con preocupación esta estrategia para impedir la participación democrática de estos dirigentes, reemplazando de manera agresiva las armas militares de las dictaduras por la manipulación de recursos legales que violan el derecho al debido proceso de los afectados en sus derechos políticos y ciudadanos’, alertó el Grupo.
Al referirse al caso del excandidato presidencial chileno, a quien le suspendieron los derechos civiles y políticos, ese colectivo precisó que nuevamente se ha postergado el inicio del juicio que la Fiscalía sigue en contra de Enríquez-Ominami, quien desde hace siete largos años espera acudir ante la justicia para dar a conocer su verdad y poder defenderse.
‘Reiteramos nuestro llamado a respetar el derecho a una protección mínima jurídica y política de Estado, además de los plazos legalmente razonables, que en el caso de Enríquez-Ominami, han sido evidentemente vulnerados’, precisa el comunicado.
Por último, el Grupo precisó que hechos como estos no pueden seguir sucediendo. Las guerras híbridas (el lawfare) deben terminar en América Latina particularmente en Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina, concluye el texto.
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