A cinco años de su encarcelamiento y en medio de una persecución que ha denunciado por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, Sala fue detenida en enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
Desde entonces se le abrieron múltiples causas, de ahí la denuncia de ser víctima de persecución judicial, y un nuevo capítulo se registró el viernes último cuando fue llevada esposada a un juzgado para ser notificada de una imputación en una nueva causa.
Según adelantó al portal Tiempo Argentino, Alejandro Coco Garfagnini, miembro de la Tupac Amaru, el 6 de julio se juntarán en la capitalina Plaza de Mayo en dos mil carpas que representan la cantidad de días que lleva encarcelada la dirigente social indígena, hoy en prisión domiciliaria.
El abogado defensor de Sala, Luis Paz, relató en días recientes al diario Página 12 que el último episodio en su contra ‘fue un traslado intempestivo’, sin notificación previa e incluso la cédula le fue entregada cerca de las ocho de la noche, cuando ya había regresado a su detención domiciliaria, y no con la antelación que establece el Código Procesal.
Esta vez a la líder social se le acusa por presunta instigación a cometer delitos a vecinos del barrio Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona y que derivó en una represión policial.
Los organizadores vaticinaron una multitudinaria concentración en la Plaza de Mayo del 6 al 11 de julio, al cumplirse los dos mil días de la detención de Sala.
Además la Red Internacional por la Libertad de Milagro, protestarán en las embajadas, en Italia, Canadá, España, Australia, entre otros países.
Al conocer los hechos del viernes pasado, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez, quien fuera una de sus abogadas, subrayó que la persecución política y el hostigamiento a la cual Sala es sometida una y otra vez hace años es, no solamente una injusticia contra ella sino, además, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, apuntó que la actitud de la justicia de Jujuy compromete la responsabilidad internacional del Estado.
Argentina está sometida a la Corte Interamericana y tiene la obligación de proteger la integridad física y psíquica de Milagro por una medida del tribunal regional, dijo.
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