La víspera, en declaraciones a la prensa, el procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, adelantó que hasta el momento se formularon cargos por la comisión de tres delitos: estafa, ejercicio ilegal de la profesión de medicina y falsedad ideológica.
Precisó que como parte de la pesquisa rindieron declaraciones al menos 10 de las más de 30 personas vacunadas y ‘todas coinciden en que quien les puso la vacuna es Matías Pérez Escudero, a quien se le formularon los cargos’.
Informó que durante el proceso recuperaron entre 10 y 12 tarjetas de vacunación, las cuales al parecer no coinciden con las del Ministerio de Salud, luego de analizar la estructura y el cartón con que están hechas.
Adelantó que el MP, a través de Medicina Legal, solicitó al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud realizar un examen a los que recibieron la inyección para, de manera científica y más allá de toda duda, determinar si fueron inmunizados con una vacuna contra la Covid-19 o con algún otro tipo de sustancia.
Esto permitirá descartar o confirmar si estamos frente a un delito de peculado, en caso de que las personas fueron inyectadas con el fármaco real, o contra la salud pública, si resulta todo lo contrario, acotó Caraballo.
Agregó que el MP también le pidió a la empresa farmacéutica Pfizer la numeración de los lotes de vacunas que hasta la fecha enviaron a Panamá, para ver si encuentran coincidencia alguna con las dosis aplicadas durante la jornada de vacunación oculta.
Sobre este particular apuntó que la solicitud fue hecha luego que la jefa del Programa Ampliado de Inmunización, Itzel de Hewitt, reconoció que las inyecciones aplicadas de manera secreta no coinciden con los cargamentos suministrados al país.
Caraballo descartó un acuerdo con Denisse Vega, pero reconoció que de la entrevista con ella emergió la existencia de un segundo lugar de vacunación, además de obtener elementos probatorios para realizar la diligencia en la casa de Pérez Escudero.
Recalcó que durante la audiencia de imputación la fiscal Ruth Morcillo, al frente de la investigación, dejó bien claro que estas eran las primeras conductas delictivas, pues en la medida que se esclarezcan los hechos, habrá otras imputaciones.
Al referirse al modus operandi de los supuestos doctores, el Procurador encargado explicó que consistía en ofrecer la vacuna para ponerla a domicilio, a través de un grupo de Whatsapp denominado Pfizer Vac.
Como resultado de este caso, el Consejo Nacional de Periodismo exigió a las autoridades establecer protocolos de acción ante posibles amenazas, tras las perpetradas contra la periodista Flor Mizrachi, luego de develar las vacunaciones clandestinas y VIP.
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