Medio locales se hicieron eco de esta situación tras detectarse casi 23 mil personas con antecedentes penales que tienen en su poder armas autorizadas, y otras mil 714 que las poseen sin reunir los requisitos de idoneidad exigidos.
Incluso en las pesquisas se comprobó que poco más de nueve mil armas fueron registradas sin contar con la identificación o la dirección de las personas que las poseen, según reveló la Contraloría.
Además entre todas las inscripciones vigentes al 31 de octubre de 2018, mil 83 fueron realizadas por menores de edad aunque la Ley de Control de Armas lo prohíbe, y solo en el caso de que aquellos que son deportistas deben estar debidamente registrados por sus representantes.
Las violaciones en los procedimientos llegan al extremo de que 72 ciudadanos aparecen con armas inscritas a su nombre en fecha anterior a la de su nacimiento, mientras que en los registros de la DGMN figuran 132 mil 921 personas fallecidas pero que mantienen en plena vigencia 182 mil 898 inscripciones de armas.
Los resultados de la auditoría, publicados en la web de la Contraloría, señalan que la DGMN y Carabineros tienen 60 días hábiles para aclarar los casos objetados e informar sobre las medidas tomadas para regularizar la situación.
Ambas instituciones deberán también ‘ejercer las acciones pertinentes en cada una de las actuaciones, regularizando o cancelando las inscripciones, y efectuar las denuncias al Ministerio Público en caso que proceda’.
Según la información, el órgano de control envió los antecedentes a la Fiscalía Nacional y abrirá un sumario en la DGMN y en Carabineros para investigar las eventuales responsabilidades administrativas.
Esta situación sale a la publicidad cuando en el país aumenta la preocupación de la población por el aumento de la violencia en la comisión de delitos, con un creciente uso de armas de fuego por los delincuentes.
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