Señalaron que, desde el 28 de abril pasado, diferentes sectores sociales tomaron las calles para manifestarse contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno que afectaba severamente a la clase media y a los más pobres y favorecía a las grandes empresas privadas y clases dominantes.
Estas protestas son el estallido social de una indignación generalizada, ya evidente desde el anterior paro de 2019, amplificadas ahora por la deuda histórica del gobierno con los sectores sociales marginados y empobrecidos, explicaron.
Por eso, a pesar del retiro de la reforma tributaria y otras medidas impopulares como la reforma de salud, las manifestaciones continúan, recalcaron.
‘En respuesta a las protestas, el Gobierno del presidente Iván Duque desplegó las Fuerzas Policiales, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y las Fuerzas Militares en todo el país, provocando un alarmante número de situaciones de violaciones de derechos humanos’, enfatizaron.
La administración de Duque sostiene que el uso de la fuerza tiene como objetivo salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la movilidad y la protección de la propiedad privada y pública contra lo que llama estructuras organizadas de ‘vándalos’ y ‘terroristas’, estigmatizando así a los manifestantes, advirtieron.
Recalcaron que miles de personas divulgan por medio de las redes sociales la violencia contra las manifestaciones ante el silencio cómplice de los principales medios de información del país.
Duque y su gabinete insisten en que estos hechos son casos aislados a pesar de que varias ONG documentan miles de casos de exceso de la fuerza policial como asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, lesiones oculares, entre otros.
‘Comprender las protestas en curso en Colombia requiere reconocer que el descontento actual es el resultado de décadas de acumulación de profundas problemáticas sociales no resueltas, de reclamos actuales y pasados’, detallaron.
La negativa del gobierno a reconocer su uso desproporcionado de la represión, junto con la crisis de representatividad política y la evidente falta de espacios reales de diálogo, son las principales razones que mantienen activas las protestas.
Sobre esa bases instaron al Gobierno y a Duque a cumplir con las demandas de gran parte de la sociedad de cesar la violencia, promover y garantizar espacios de diálogo público y concertado con todos los sectores y hallar alternativas a este círculo vicioso de represión y violencia estructural.
Entre los firmantes de la carta están Ada Acevedo Alonso, Universidad del Norte de Michigan (Estados Unidos) y Universidad Nacional de Colombia; Andy Blunden, Escritor y Filósofo, Australia Anselm Jappe, Filósofo, Alemania; Göran Therborn, Profesor emérito, Universidad de Cambridge, Reino Unido, y otros.
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