Los extranjeros, enfundados en uniformes blancos, con mascarillas, maniatados y acompañados cada uno por un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron despachados desde el aeropuerto internacional Arturo Merino de esta capital en un vuelo con destino a ambos países.
En declaraciones a la prensa, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli,
señaló que parte de esas personas fueron expulsadas porque ‘no pudieron regularizar su situación migratoria’, mientras que otros habían cometido diferentes delitos graves.
El funcionario insistió en que los extranjeros que llegan a Chile en situación irregular no puede hacer una vida normal en el país porque al no contar con cédula de identidad no acceder a un empleo, arrendar una vivienda y tener otros beneficios.
Asimismo recordó que la nueva ley migratoria contempla un proceso extraordinario de regularización en marcha, llamó a los extranjeros en el país a dar ese paso y advirtió que ‘el ingreso clandestino es todo lo contrario a la regularidad migratoria’.
Sin embargo, Valeska Ureta, directora del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), denunció que ese tipo de operaciones de expulsiones colectivas son violatorias de los derechos humanos de esas personas.
Según relató, el SMJ desconocía el número exacto de los expulsados, pues ‘se estaba intentando levantar la información de estas personas, pero nuestras abogadas no pudieron entrar, no fueron autorizadas’, lo que calificó de intolerable.
Las expulsiones colectivas han generado una controversia en el país, pues mientras el gobierno defiende ese proceder para desestimular la inmigración ilegal, numerosas organizaciones sociales consideran que se violan los derechos humanos de las personas.
Incluso, el pasado viernes, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, declaró que las expulsiones masivas son ‘medidas prohibidas por el derecho internacional y por la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular’.
La víspera se conoció que el Ministerio del Interior suscribió un millonario contrato con la aerolínea local Sky Airlines para realizar expulsiones colectivas de migrantes, que prevé para este año unos 15 vuelos con 180 pasajeros cada uno.
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