La cifra es un casi un 15 por ciento menor de la de organizaciones de derechos humanos, que desde la semana pasada indican que más de 10 mil ciudadanos fueron empujados a abandonar sus residencias, en medio de la guerra de pandillas que mantiene sitiada a esta capital.
Las autoridades anunciaron la creación de un grupo de trabajo integrado por diversas entidades estatales como el Ministerio de Asuntos Sociales o la Oficina Nacional de Migración, para ayudar a los refugiados.
Esta fuerza deberá prestar socorro a las dos mil 704 familias desplazadas de Martissant, barrio situado en la entrada sur de la capital y que desde el 1 de junio es escenario de choques hostiles entre pandillas con un saldo preliminar de 50 fallecidos.
Además de los desplazados de Martissant y Fontmara, cientos de personas, entre ellos con discapacidad, huyeron de un campo de refugiados por el terremoto de 2010, luego que bandas presuntamente de la federación G-9 y aliados incendiaran sus hogares.
Decenas de ellos fueron reubicados en la escuela comunal de Petion Ville, en dos antiguas aulas convertidas en refugios improvisados y sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
A mediados de esta semana, la Oficina de Abogados Internacionales de Haití, denunció la inacción gubernamental ante la situación de los desplazados, y criticó que las autoridades aún no trasladaron a los refugiados de Martissant y Fontamara.
Por su parte, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunció supuestos vínculos entre las autoridades y las bandas, y sugirió que los recientes actos tienen como objetivo desviar la atención de ciertos archivos judiciales como el de malversación de fondos estatales.
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