En su reporte anual de trabajo señaló que documentos hallados en una unidad castrense en mayo ‘no permiten abrir una línea de investigación específica’.
Añade que mientras tanto el silencio de los militares que tienen información sobre las víctimas mortales de la represión de los años 1973-1985 la retiene y ‘es lo que obstaculiza hallar sus restos y responder a los familiares’, según la directora de la entidad, Mariana Mota.
Al igual que en el anterior reporte de octubre de 2020 el Inddhh verificó que con declaraciones ante tribunales de honor del Ejército varios recluidos por sentencias aportaron alguna pistas y hubo avances en excavaciones en antiguos sitios de torturas de la dictadura ‘pero sin resultados’.
Respecto al accionar del Estado señaló la necesidad de encontrar nuevos documentos que refieren a las operaciones que derivaron en la detención y posterior desaparición de opositores.
En mayo, el integrante de la Asociación Madres Familiares Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos, Nilo Patiño, dijo a la prensa que entregaron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou el lugar exacto donde podía estar el archivo central de uno de los organismos represivos claves.
Puntualizó que se trata del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), estructurado en el Plan Cóndor de los años 1970 de las dictaduras suramericanas apoyado por Estados Unidos, para el exterminio de militantes de izquierda, progresistas y demócratas en la región.
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