La Comisión nacional que impulsa esa campaña informó en la semana que obtuvo 572 mil 551 rúbricas de las 675 mil necesarias antes del 8 de julio para que la Corte Electoral pueda convocar constitucionalmente a consulta ciudadana.
Decenas de organizaciones sociales uruguayas que la integran se oponen a una legislación promulgada en julio del pasado año que consideran retrógrada y plasma un programa de restauración conservadora y neoliberal enarbolado por el actual gobierno de coalición de derecha.
El secretario general de la central sindical uruguaya Pit-Cnt, Marcelo Abdala, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou ‘exhibe una concepción limitada de la democracia’ al negarle acceso a la cadena nacional de radiodifusión, para explicar las razones de la recogida de firmas.
Abdala criticó la utilización de un formato de LUC que se debería aplicar en asuntos emergentes como un desastre natural o una pandemia, para ubicar un proyecto de país y un blindaje jurídico del ajuste de cuentas contra las grandes mayorías.
Al concluir la semana, el legislador del Frente Amplio y exintendente del departamento Rocha, Anibal Pereyra, denunció en Fiscalía operaciones policiales de inteligencia y seguimientos en vehículos y filmaciones a concurrentes a puestos de firmas en ese territorio.
Los senadores frenteamplistas Alejandro Sánchez y Charles Carrera manifestaron que se trata de ‘una grave denuncia que afecta nuestra mejor herencia democrática y que es necesario se aclare’.
El diputado de las mismas filas políticas, Daniel Caggiani, calificó lo ocurrido de gravísimo e ilegal porque la Ley de Inteligencia lo prohíbe, y preguntó en redes sociales si ‘es un hecho aislado y hay más que no lo sabemos’.
Mientras, desde el movimiento sindical se acrecentó el temor de otro congelamiento salarial en la negociación anual en julio con el sector empresarial y los nuevos lineamientos que el Poder Ejecutivo presentará en el parlamento dentro de algunos días.
El Pit-Cnt consideró que esto representaría ‘un duro golpe’ para el conjunto de los asalariados, ‘ya castigados’ por elevados niveles de desempleo y la pérdida de ingresos consecuentes, la caída de horas trabajadas y el subsidio por desempleo.
‘A nivel macroeconómico además, esta política amplificaría los efectos que tiene la crisis sobre el mercado interno, al retraer más aún el consumo y afectar en última instancia a quienes producen y venden a nivel local’, subrayó un documento del Instituto Cuesta Duarte de los trabajadores.
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