De acuerdo con el reclamo ante el ente regulador del gobierno puertorriqueño, el consorcio norteamericano que el 1 de junio pasado asumió el control de la transmisión y distribución de la AEE en un proceso de privatización leonino, según juristas, atropella a la ciudadanía.
‘La inestabilidad que estamos experimentando en el sistema eléctrico de manera más intensa, está poniendo en riesgo áreas críticas como el funcionamiento de hospitales y la seguridad en residencias’, explicó Ruth Santiago, de Diálogo Ambiental.
Atribuyó esta situación al incumplimiento de los acuerdos que forman parte de la Certificación de Compañía de Servicio Eléctrico que se le otorgó a LUMA por el gubernamental Negociado de Energía.
La certificación faculta al consorcio canadiense-estadounidense como ente privatizador y administrar del área de transmisión y distribución establecida en el contrato que se realizó con la AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas.
Amy Orta Rivera, portavoz de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, aseguró que LUMA Energy no ha provisto un servicio eléctrico adecuado, confiable, seguro, eficiente y no-discriminatorio al cliente o consumidor.
‘Al contrario, LUMA ha puesto en peligro la vida y seguridad de clientes y empleados por la falta de personal y experiencia en manejar el sistema eléctrico’, dijo Orta Rivera.
Agregó que la falta de acceso para que los clientes hagan reclamaciones por un servicio deficiente es la orden del día, pero los empleados de LUMA Energy sólo hablan inglés, lo cual puede ser discriminatorio en un país donde la gran mayoría habla en español.
Adriana González, del Sierra Club, advirtió que la Ley 57 de 2014 enuncia las obligaciones generales de las compañías de servicio eléctrico, y LUMA ha fallado en más de una de estas obligaciones.
‘LUMA ha buscado mecanismos para evadir compartir información clave, necesaria y que debe ser pública y disponible para la ciudadanía’, dijo al referir que el consorcio atribuyó su ineficacia a falta de generación, lo que ha desmentido la AEE.
Aparte, a través de las redes sociales y medios de comunicación distintas personas, algunas con condiciones de salud crítica, han señalado los problemas que le ocasionaron la falta de electricidad durante días.
Para la profesora jubilada Julia Mignucci Sánchez, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, existe un riesgo de conflicto en el uso de los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), pues LUMA se opone a que se utilice el dinero asignado para instalar sistemas solares en los techos y baterías en las propiedades de los abonados.
El interés principal de la privatizadora, adujo, es que sus compañías matrices Quanta y ATCO utilicen los fondos para proyectos de transmisión.
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