Este día, el gobernante invitó al Congreso a elaborar juntos ‘una ley moderna antivandalismo y antidisturbios’, en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales que desde hace dos meses sacuden al país.
Según Duque, la normativa evitaría que quienes promueven esas prácticas pretendan pasar ‘impunemente por soslayar los derechos de los colombianos’.
Durante una ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía Nacional, señaló que en Colombia debe haber una discusión ‘clara y responsable’ para que la ciudadanía distinga entre ‘lo que es y debe ser la protesta pacífica’.
Recalcó que el vandalismo, los disturbios y el terrorismo urbano son ‘los principales enemigos’ de la protesta pacífica.
El senador de Alianza Verde Antonio Sanguino señaló que Duque anuncia la ley antidisturbios ‘para blindar legalmente la represión violenta a los jóvenes.
Aseguró que el gobernante padece un ‘un serio problema mental y cognitivo de conexión con la realidad’.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo coincidió con Sanguino acerca de ‘la desconexión’ del gobernante.
‘Duque propone una ley antivandalismo y antidisturbios cuando cree que con una ley de penas soluciona los graves problemas que causaron un estallido social en Colombia. Que desconexión! Absurdo’, escribió en su cuenta en Twitter.
En la misma red social, la organización Memorias Colombia cuestionó por qué el manadatario propone una nueva normativa en vez de hacer cumplir a la fuerza pública las existentes y el derecho constitucional a la protesta.
Colombia vive un estallido social desde el pasado 28 de abril, cuando miles de personas salieron a la calle contra una reforma neoliberal del gobierno.
Desde entonces las manifestaciones persisten, se anuncian nuevas jornadas de protesta pese a la también permenente represión policial contra los movilizados que reclaman, entre muchas otras demandas, cese de la violación de los derechos humanos, implementación del Acuerdo de Paz, empleo y estudios para los jóvenes.
De acuerdo con el más reciente informe de la organización no gubernamental Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio, la policía cometió cuatro mil 687 hechos de violencia.
El colectivo documenta 44 homicidios cuyos presuntos agresores son miembros de la fuerza pública; 82 hechos de lesiones oculares y 228 víctimas de disparos con armas de fuego; 28 víctimas de violencia sexual, dos mil cinco detenciones arbitrarias, entre otras acciones represivas.
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