Asimismo, en un comunicado añadió que el paro nacional de 2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de movilización social en los últimos 44 años.
La JEP confirmó que, entre el 28 de abril y el 30 de mayo últimos, las afectaciones a civiles aumentaron 400 por ciento, en comparación con años anteriores.
En un comunicado, precisó que estos perjuicios en el contexto del paro nacional, se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte y asesinatos a excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo, y en los eventos masivos de desplazamiento forzado.
Advirtió sobre el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social.
Señaló que en las jornadas de paro, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas.
Recalcó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, identificó 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer policía en el transcurso del paro nacional.
Alertó que el desarrollo prolongado de la protesta social en el marco del paro nacional y la forma cómo se ha respondido a las situaciones generadas por la movilización en las calles ha afectado el trabajo del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas).
En tal sentido, denunció amenazas con potencial para obstruir la participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro.
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