El senador del partido Comunes Carlos Lozada aseguró que la Constitución de 1991 sentó las bases del neoliberalismo que 30 años después provocó el estallido social que vive esta nación.
Por su parte, el defensor de los derechos humanos Luis Guillermo Pérez expresó por medio de su cuenta en Twitter que afirmar que en Colombia existe ‘un estallido de emprendimiento y no un estallido social’, como dijo Duque, demuestra una desconexión total con la realidad, ante los más miles de hechos de violencia policial.
El 28 de abril pasado comenzaron las protestas masivas contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaría los impuestos a bienes y servicios y crearía nuevos gravámenes, los cuales afectarían fundamentalmente a los trabajadores más pobres y a la llamada clase media.
Aunque pocos días después el gobierno de Duque retiró la propuesta, el paro continuó y devino en ese negado estallido social considerado por analistas, el mayor de los últimos 70 años.
Miles de colombianos salen a las calles desde ese día con diversas expresiones de protestas contra un cúmulo de deudas de su gobierno, y también anteriores, con la población.
Los colombianos exigen garantías para ejercer su derecho a la protesta pacífica, piden condena para los responsables de la violación a los derechos humanos, el cese de la estigmatización de los manifestantes, a quien funcionarios del Gobierno señalan de vándalos y piden el cese de la violencia policial y desmilitarización de las ciudades.
A ellos se suman históricos reclamos como el acceso pleno a servicios públicos, una renta básica para las familias afectadas por la pandemia de la Covi-19, acceso de los jóvenes a las universidades sin que paguen su matrícula, así como el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
En estos dos meses, la violencia de la fuerza pública y de civiles apoyados por la policía dejó un saldo de más de 80 muertos, cientos de desaparecidos y 81 personas con lesiones en los ojos.
La situación tiende a acrecentarse con la gran movilización anunciada para el día 20 de este mes, y la criticada propuesta de Duque al Congreso, anunciada esta semana, para elaborar ‘una ley moderna antivandalismo y antidisturbios’.
Según Duque, la normativa evitaría que quienes promueven esas prácticas pretendan pasar ‘impunemente por soslayar los derechos de los colombianos’.
El senador de Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que el presidente y su gobierno saben que en el código penal hay suficientes disposiciones contra los disturbios y el vandalismo.
Lo que pretenden en realidad es crear una norma mediante la cual se censure, recorte, e incluso prohíba la legítima movilización social de manera pacífica, enfatizó.
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