De acuerdo con ese tribunal, los sujetos tuvieron participación determinante en el homicidio de esas personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar, caso conocido como ‘falsos positivos’.
Las 120 personas identificadas por la Sala de Reconocimiento fueron asesinadas por parte de los miembros de la fuerza pública sin que mediara combate ‘real’ alguno.
El tribunal determinó que las víctimas, que eran señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales, eran seleccionadas por los militares a partir de procesos irregulares de inteligencia.
La Sala de Reconocimiento encontró que las desapariciones forzadas y asesinatos probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por ‘bajas’ a ‘como diera lugar’ y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos.
Los incentivos para cumplir con este indicador de éxito militar, como las felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales, también tuvieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes, señala.
La Sala pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas:
La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales, explicó.
La segunda modalidad consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo, detalló.
Bajo una lógica criminal cercana a la de la ‘limpieza social’, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales, tenían alguna discapacidad o porque eran desempleados o habitantes de calle, acotó.
La Sala de Reconocimiento inculpó a los 10 militares y al civil (colaborador) por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados actuaron de manera conscientes en esos delitos que se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Este es el primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que la JEP emitirá dentro de este caso en la primera fase de la investigación.
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